Los jóvenes de México expuestos a la criminalización y desempleo

Transcurrieron más de 100 días de la nueva administración sin que se nombrara al titular del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y finalmente el Gobierno Federal determinó que este organismo descentralizado será fagocitado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso). Lo mismo se anunció para el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).

Sobre la Sedeso pesan críticas por su carácter asistencialista y electoral, con la incorporación de Imjuve y Conadis a su estructura no se puede descartar que su visión y misión es la de juntar votos para el partido en el poder. La dependencia que encabeza Rosario Robles no ha precisado cómo será el periodo de transición ni cuánto durará, tampoco qué pasará con los programas que actualmente se implementan desde el Imjuve y Conadis.

Por parte del Imjuve no se ha emitido una postura oficial, tan sólo un mensaje en las redes sociales que dice (sic) “El IMJUVE no desapareceremos. Únicamente cambiamos de sector con SEDESOL. Seguimos trabajando para los jóvenes”. Si ese es el caso, también es de lamentarse pues el desempeño de la institución dejó mucho que desear en sus 14 años de existencia.

Uno de los grandes pendientes es la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes emitida en 2005. Se trata del único tratado internacional sobre los derechos de las juventudes. En la Convención se incluyen grandes avances en materia de derechos sexuales y, además de reconocer el derecho a la objeción de conciencia frente al servicio militar y derechos sindicales. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria han exigido la ratificación de la Convención, pero hasta hoy se han encontrado con oídos sordos.

La ratificación de esta Convención sería una gran aportación para resolver los grandes problemas que aquejan a la juventud como el desempleo, la falta de educación y la violencia. No debemos olvidar que eran jóvenes una buena parte de las víctimas mortales de la llamada guerra contra el crimen del sexenio anterior. Sin que la ola de violencia haya terminado, también debemos voltear a ver a las y los jóvenes que se encuentran en situación de reclusión. En el Distrito Federal, por ejemplo, el 60 por ciento de las personas recluidas son menores de 30 años, según información de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal.

El hecho de que Sedeso absorba a Imjuve y a Conadis deja más interrogantes que respuestas. ¿Qué va a pasar con los distintos programas que implementaba el Imjuve?, ¿cuánto tiempo tomará la incorporación del Imjuve y de Conadis a Sedeso?, ¿cuándo se ratificará la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes?, ¿qué mecanismos reales de participación directa existen para que los jóvenes contribuyan a la creación de políticas públicas?, ¿cómo se atenderá a las y los jóvenes que se encuentran privados de su libertad?, ¿qué pasará con los que salgan libres y no encuentren un empleo?, ¿continuará en este sexenio la política de criminalización en contra de los jóvenes?

Exigimos al Gobierno Federal respuesta a estas interrogantes y la creación de verdaderas políticas para las juventudes que las consideren sujetos y no objetos de derecho.

(cencos)

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